“Sin nosotros no hay pesca”: el clamor artesanal tras el COFI 2024

A pesar de ser protagonistas en la producción de alimentos del mar, los pescadores artesanales quedaron fuera del Comité de Pesquerías de la FAO. Zoila Bustamante, desde Chile, expone una omisión que puede costar al futuro de la sostenibilidad.

“Este año fuimos invisibles”. Con esa frase, Zoila Bustamante, presidenta de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (CONAPACH), resumió lo que para muchos fue una gran decepción en el COFI 2024 (Comité de Pesquerías de la FAO): la exclusión de la pesca artesanal.

Durante su intervención, Bustamante expuso que, a pesar de celebrarse los 10 años de las Directrices Voluntarias para garantizar la sostenibilidad del sector, la pesca artesanal no fue invitada oficialmente al evento. Su participación dependió únicamente del respaldo de sus gobiernos, como fue el caso de Chile, o de terceros observadores. “Nos enteramos en Roma, cuando ya estábamos allá, que no podíamos intervenir directamente en el COFI”, comentó.

¿Quién representa realmente al pescador?

El reclamo va más allá de un acto protocolar. La ausencia de representantes genuinos del sector artesanal impide visibilizar realidades concretas: la violencia en altamar, el despojo territorial por áreas marinas protegidas sin consulta previa, y la amenaza de que la acuicultura industrial reemplace su modelo de vida. “¿Cómo es posible que se tomen decisiones sin escuchar a quienes viven del mar?”, cuestionó Bustamante.

Durante la pandemia, recuerda, fueron los pescadores artesanales quienes garantizaron la soberanía alimentaria en sus países. “Nosotros salimos a pescar, a entregar alimento, sin parar. Entonces, ¿cómo ahora nos marginan del diálogo global?”.

Las directrices existen, pero no se aplican

Las Directrices Voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala adoptadas en 2014 por la FAO son una hoja de ruta con enfoque de derechos humanos, equidad de género, acceso al mar y formas sostenibles de manejo. Sin embargo, según Bustamante, solo se implementan de manera parcial y convenida por los gobiernos.

“Los pescadores las promovemos más que los Estados. Deberían ser obligatorias, no solo recomendaciones decorativas”, reclamó.

Chile ha avanzado parcialmente, incorporando aspectos en su Ley de Caletas o en normativas bentónicas, pero la implementación integral sigue siendo una deuda pendiente en América Latina.

Áreas protegidas: ¿conservación o desplazamiento?

Otro punto crítico abordado fue la proliferación de áreas marinas protegidas que, en muchos casos, terminan excluyendo a las comunidades costeras de sus propios territorios. Bustamante fue contundente: “No se puede proteger un ecosistema desplazando a quienes lo han cuidado por generaciones”.

En Chile, denunció, la creación de parques marinos ha dejado a cientos de pescadores sin acceso a sus zonas de trabajo, mientras grandes intereses privados avanzan sin consultar a nadie. “Nos enteramos cuando ya está firmado el proyecto. ¿Cuidar para quién? ¿Para que llegue un turista en helicóptero a deleitarse mientras miles quedan sin empleo?”, cuestionó.

Además, alertó sobre el uso de “bonos verdes” y canjes de deuda que cierran áreas pesqueras a cambio de financiamiento, sin resultados claros ni beneficios reales para las comunidades.

Seguridad: una demanda que no cesa

Aunque Chile aún no enfrenta la misma ola de violencia que afecta a pescadores en países como Ecuador, el sector artesanal sí ha sido víctima de robos y amenazas. “Tuvimos que organizarnos, coordinar con la Armada, crear redes de alerta. Pero no alcanza. La seguridad debe ser prioridad regional”, señaló.

También expresó preocupación por el uso de tecnologías como GPS para “controlar” a los pescadores en lugar de protegerlos.

La gran omisión de la FAO

El 2022 fue declarado por la ONU como el Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanal, pero según Bustamante, la conmemoración pasó “sin pena ni gloria”. No hubo programas estructurales ni cambios significativos. “Fue un saludo a la bandera. Y ahora, dos años después, nos sacan del COFI. ¿Qué mensaje están dando?”, lamentó.

Para ella, el fondo del problema es que hay intereses económicos que pesan más que las voces del pueblo pesquero.