Cinco años bajo la lupa: Ecuador, el atún y el reto de salir de la tarjeta amarilla

Mientras la industria atunera ecuatoriana celebra avances en sostenibilidad, el país aún espera que la Unión Europea levante la advertencia comercial que afecta su pesca. ¿Qué se necesita para recuperar la “tarjeta verde”?

Un sector fuerte que pide respaldo
El atún no solo es un alimento habitual en la mesa ecuatoriana, sino también uno de los pilares de su economía. En 2023, la exportación de enlatados de pescado generó más de 1.300 millones de dólares, según el Banco Central. Sin embargo, desde octubre de 2019 Ecuador arrastra una advertencia de la Unión Europea conocida como “tarjeta amarilla”, que pone en entredicho el control del país sobre la pesca ilegal.

La Unión Europea, como principal mercado importador de productos del mar a nivel mundial, exige altos estándares de trazabilidad y sostenibilidad. Cuando identifica fallas, emite estas advertencias, que aunque no bloquean el comercio, sí lo complican. “Hay supermercados que simplemente dejan de comprar si un país tiene tarjeta amarilla”, explicó Rafael Trujillo, director de la Cámara Nacional de Pesquería.

Un esfuerzo sostenido, pero insuficiente
En estos cinco años, Ecuador ha reformado su marco legal, implementado nuevas tecnologías de control y recibido inspecciones de la Dirección General de Asuntos Marítimos (DG MARE) de la Unión Europea. El cambio más simbólico fue la aprobación, por unanimidad, de una nueva Ley de Pesca en 2020, reemplazando una normativa de 1974. Aun así, la advertencia sigue vigente.

Trujillo considera que algunos factores políticos, como los frecuentes cambios de autoridades, han ralentizado el proceso. “Cuando la Unión Europea ve que hay nuevos funcionarios, se desconcierta, porque no sabe si se va a continuar con la misma línea técnica”, explicó.

Las consecuencias invisibles de una tarjeta amarilla
Aunque no implica un veto formal, la advertencia ya genera impactos. Uno de los más relevantes es la pérdida de acceso a ciertos créditos internacionales. Según Trujillo, el Banco Mundial se mostró dispuesto a financiar la modernización de la flota atunera, pero se detuvo al saber que Ecuador mantenía la tarjeta amarilla.

Además, el sector privado debe esforzarse más para mantener su reputación. Gracias al trabajo de organizaciones como Tunacons, los productos atuneros ecuatorianos han logrado certificaciones internacionales de sostenibilidad (como la MSC), que han ayudado a mitigar el golpe reputacional. Hoy, Ecuador cuenta con certificaciones para el atún barrilete y aleta amarilla, y está cerca de conseguirla también para el patudo.

Liderazgo regional en juego
Ecuador no solo es potencia exportadora de atún, también desempeña un rol clave en el manejo regional del recurso. El país preside actualmente la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), que regula la pesca de especies altamente migratorias en el Pacífico Oriental.

El país ha presentado una propuesta técnica para renovar las medidas de conservación adoptadas en 2021, que incluyen vedas específicas por especie y tipo de embarcación. “Queremos evitar medidas anuales que dificulten la planificación del sector y agotan al personal técnico”, sostuvo Trujillo. Además, resaltó la transparencia del proceso: todos los datos científicos y propuestas están disponibles al público, y organizaciones civiles también participan como observadores.

Ecuador ha demostrado que puede ser líder en pesca sostenible, pero aún necesita romper la barrera que representa la tarjeta amarilla. El sector privado ha invertido, se ha capacitado y ha dado pasos firmes hacia la trazabilidad y el respeto a los ecosistemas. Sin embargo, sin un respaldo político constante, será difícil dar el salto definitivo.

Porque el atún no solo se pesca: se cuida, se regula y se transforma en una oportunidad para demostrar al mundo que Ecuador puede producir con responsabilidad. El reto está en convertir estos esfuerzos en una política de Estado que trascienda gobiernos.