Perú endurece su lucha contra la pesca ilegal del calamar gigante
El país andino reactiva el control satelital y exige transparencia a embarcaciones extranjeras, mientras su pesca artesanal enfrenta una crisis sin precedentes.
Perú ha decidido volver a plantar cara a un viejo enemigo: la pesca ilegal del calamar gigante, también conocido como pota. Esta especie, vital para la seguridad alimentaria, la economía y el empleo en el país, enfrenta un contexto cada vez más amenazante por la presencia descontrolada de flotas extranjeras principalmente chinas en aguas adyacentes a la jurisdicción marítima peruana.
El presidente de Calamasur, Alfonso Miranda, y el experto pesquero Guillermo Morán, analizaron el alcance del reciente decreto supremo que reinstaura el requisito de monitoreo satelital para las embarcaciones extranjeras que deseen ingresar a puertos peruanos. Esta medida, vigente desde 2020 y suspendida en 2023, vuelve a la escena tras una fuerte presión del sector artesanal y organizaciones como Camur.
“Fue una batalla, pero no la guerra”, subrayó Miranda. Más de 300 embarcaciones ingresaron sin monitoreo durante el último año, y aunque la norma ha sido restituida, su cumplimiento estricto sigue siendo el mayor desafío.
Una flota sin reglas claras
El principal problema señalado por los expertos es la asimetría en la competencia. Mientras la flota artesanal de Perú se adapta con esfuerzo a regulaciones, las embarcaciones extranjeras, fuertemente subsidiadas, operan con ventajas económicas y técnicas que impactan directamente la capacidad de pesca nacional.
“Hoy Paita parece un puerto fantasma”, alertó Miranda. “Las embarcaciones están fondeadas y las plantas paralizadas”. El contraste es dramático: mientras la flota extranjera mantiene capturas altas, los pescadores peruanos enfrentan temporadas casi nulas. La causa parece clara: una extracción excesiva de ejemplares juveniles fuera de las 200 millas, antes de que puedan ser capturados por la flota nacional.
Pesca ilegal a la vista de todos
A esta crisis se suma una alarmante denuncia: la existencia de más de 90 astilleros clandestinos a lo largo del litoral peruano, construyendo embarcaciones fuera de toda regulación. Asimismo, establecimientos ilegales procesan cerca de 150 mil toneladas de anchoveta y pota sin control fiscal, sanitario ni ambiental.
“No es algo que pase en sótanos. Están frente al mar, visibles para todos. Lo grave es la impunidad”, enfatizó el presidente de Calamasur.
Impacto directo en el plato y el bolsillo
El calamar gigante no solo es la primera pesquería artesanal de Perú: también es su principal recurso pesquero en consumo humano, generando más de 850 millones de dólares anuales en exportaciones y sosteniendo más de 50 mil empleos directos. Su precio, sin embargo, se ha disparado por la escasez: de 2 a 25 soles por kilo, afectando directamente la seguridad alimentaria de millones de peruanos.
Hacia una estrategia regional
Perú, Ecuador y Chile comparten un mismo recurso y un mismo reto. Las organizaciones internacionales de ordenamiento pesquero han logrado avances como el congelamiento del esfuerzo pesquero de flotas distantes desde 2020, pero los países ribereños aún tienen margen para fortalecer su presencia en altamar.
Los expertos coinciden: es momento de definir flotas propias, reducir trabas burocráticas y acceder a tecnologías sostenibles que permitan competir con equidad. Subsidios positivos, como reducción de impuestos para equipamiento o capacitación técnica, pueden marcar la diferencia.
“Bienvenida la inversión, pero no la invasión”, mencionó Miranda, dejando claro que el camino hacia una pesca sostenible exige cooperación, ciencia y decisiones políticas valientes.
El calamar gigante no es solo un recurso: es parte del tejido económico, alimentario y cultural de Perú. Protegerlo es una necesidad. Si los gobiernos no reaccionan con visión y decisión, lo que hoy es una pesquería estratégica podría convertirse en un recuerdo. Y con él, se irían miles de empleos, platos vacíos y océanos aún más vulnerables.
