¿Conservación o concesión? El debate detrás del canje de deuda por Galápagos

El mecanismo que prometía aliviar la deuda y proteger el ecosistema de las islas ha despertado más preguntas que respuestas: expertos advierten sobre falta de transparencia, pérdida de soberanía y escaso impacto real en la conservación.

Un “trueque” que divide opiniones

Lo que empezó como una promesa de alivio financiero para Ecuador y de fortalecimiento para la conservación de Galápagos ha terminado envuelto en cuestionamientos técnicos, políticos y ciudadanos. En el programa Azul Sostenible, Daniel Ortega, exministro de Ambiente, y Carola Mejía, analista de la Red Latinoamericana por la Justicia Económica y Social (LATINDADD), explicaron por qué el canje de deuda por naturaleza no es tan simple como lo pintan.

Aunque en cifras oficiales se habla de una reducción de mil millones de dólares en deuda externa y un ingreso de 450 millones para Galápagos, los expertos afirman que el beneficio neto para el país ronda los 400 a 600 millones… en 18 años. “Eso significa apenas 17,5 millones anuales para Galápagos. Una cifra muy baja si consideramos las necesidades reales de vigilancia, investigación e infraestructura”, subrayó Ortega.

Un canje que es, en realidad, un préstamo

La complejidad del mecanismo ha sido uno de los puntos más criticados. No se trata de una simple reducción o eliminación de deuda. Es, más bien, la sustitución de bonos soberanos por un nuevo préstamo con condiciones poco claras.

“Este no es un canje como los que antes se hacían con países como España o Alemania. Aquí hay una recompra de bonos a descuento, financiada por un préstamo del Credit Suisse, estructurado a través de un fondo registrado en Delaware. Ni siquiera sabemos con precisión quién administra esos fondos”, explicó Mejía.

Además, la operación fue publicada únicamente en inglés y en canales para inversionistas, no en medios de comunicación accesibles para la ciudadanía. “Seguimos en una situación de opacidad total”, agregó Ortega.

¿Dónde queda la soberanía?

Uno de los puntos más sensibles del debate es la composición del fondo Galápagos, creado para administrar los recursos del préstamo. Originalmente, su directorio incluía a seis representantes del sector privado, en su mayoría internacionales, frente a cinco del Estado ecuatoriano. Aunque luego el gobierno anunció un cambio a ocho públicos y cuatro privados, la preocupación persiste.

“No se vendió Galápagos, pero sí se condicionó la capacidad del Estado para tomar decisiones soberanas sobre un territorio estratégico. Se ha priorizado el control y la vigilancia, pero no hay garantía de inversión real en turismo sostenible o adaptación al cambio climático”, alertó Ortega.

Titulares llamativos, pero confusos

Los especialistas también hicieron un llamado a los medios de comunicación: “Se repiten cifras grandilocuentes sin explicar su verdadero alcance. La ciudadanía merece información clara, contextualizada y verificada”, recalcó Mejía.

La necesidad de involucrar a todos los actores locales, desde gobiernos municipales hasta universidades, pescadores artesanales y científicos. “La conservación no puede hacerse a espaldas de quienes habitan y protegen Galápagos desde hace décadas”, añadió Guillermo Morán, conductor del programa.

¿Se puede revertir la operación?

Según Ortega, revertir el acuerdo sería extremadamente costoso para el país. “Sería considerado un incumplimiento y nos obligaría a pagar anticipadamente. Por eso es fundamental exigir mayor transparencia y corregir el rumbo dentro de lo posible”.

El objetivo de conservar Galápagos es compartido por todos, pero los medios importan. Y este canje, más allá de su envoltorio ecológico, deja muchas dudas sobre su verdadera eficacia, justicia y sostenibilidad.