Chile prepara una política para llevar más productos del mar a la mesa
Producir y exportar no significa que el pescado llegue con facilidad a todos los hogares. Chile busca cerrar esa brecha con una nueva política de consumo responsable.
Chile quiere que los pescados y mariscos tengan más espacio en la alimentación diaria. Para lograrlo, prepara su primera Política Nacional de Fomento al Consumo Responsable de Productos del Mar, impulsada por el Ministerio de Economía y la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca).
El reportaje de Industrias Pesqueras del 23 de octubre sitúa a ambos países, junto con Argentina, ante una paradoja: su capacidad pesquera no se refleja de la misma manera en el consumo interno. Producir y exportar son una parte de la historia; el precio, la disponibilidad y los hábitos de compra son otra.
Lo que Chile quiere cambiar
Según el diagnóstico de Subpesca de agosto de 2026, el consumo chileno fue de 15,4 kilos por habitante en 2024, medidos en peso comestible, un 20 % menos que en 2017. El documento también recoge un promedio de 3,6 porciones al mes, frente a las ocho que utilizan como referencia las guías alimentarias chilenas.
La propuesta no se limita a recomendar que se coma más pescado. Identifica barreras concretas: precios altos, demasiados intermediarios, dificultades para distribuir el producto y poca variedad en la oferta. A eso se suman el desconocimiento de distintas formas de preparación y la falta de continuidad de las iniciativas públicas.
En Ecuador, los hábitos de compra también ayudan a entender qué llega a la mesa. Un estudio de investigadores de la ESPOL y la Cámara Nacional de Pesquería, publicado en 2022 a partir de encuestas en línea en Guayaquil y Esmeraldas, encontró preferencia por el pescado en filete y poca presencia de sardina y pinchagua en el consumo reportado. Los autores señalaron que los precios podían influir, aunque la provisión local no parecía ser el principal obstáculo.
Más consumo, con origen responsable
Chile propone trabajar en el acceso al mercado, la educación alimentaria y la coordinación entre instituciones. También plantea que los productos tengan origen legal y trazable (que se pueda conocer de dónde vienen) y que ampliar la oferta no añada presión sobre recursos con problemas de conservación.
La política todavía está en construcción. La hoja de ruta presentada en agosto prevé un borrador en diciembre de 2026 y una versión definitiva para el primer semestre de 2027, tras la revisión institucional y la consulta ciudadana. El reto será pasar del diagnóstico a medidas que ayuden a comprar y consumir productos del mar de forma más accesible y responsable.
