Programa #366: Reformas a la ley de pesca vistas desde Galápagos

La ley de pesca y acuicultura tiene apenas cuatro años de vigencia y ya se discuten reformas en la Asamblea Nacional. Para conocer qué esperan los pescadores artesanales de las islas, conversamos con Grace Unda, directora de la Corporación de Asociaciones y Cooperativas Pesqueras Artesanales de Galápagos. El marco legal, recordó el ingeniero Guillermo Morán, es el que administra la pesquería de un país que es un jugador importante en el sector.

Una ventana para Galápagos

Unda explicó que el proyecto se debate por segunda vez, porque el anterior fue archivado. Según indicó, se realiza una caracterización de la pesca y la acuicultura que incluye aspectos sociales, económicos y ambientales, y el sector insular ve ahí una oportunidad para entrar en el debate.

Aclaró que no buscan reformar la ley del régimen especial de Galápagos. Lo que piden es que se respete y que la nueva norma llene vacíos que, a su juicio, existen en los temas sociales y económicos. Señaló que la ley especial dedica solo cinco artículos a la actividad pesquera.

Seguridad jurídica y pesca artesanal comercial

La directora sostuvo que la ley de Galápagos permite en la reserva marina únicamente la pesca artesanal comercial, que ya no es de subsistencia. Afirmó que incluye modalidades como la pesca de altura, que a su criterio no se han desarrollado por falta de un arte de pesca apropiado.

Mencionó que el IPIAP, antes Instituto Nacional de Pesca, mostró en la primera fase de un proyecto de investigación que es posible pescar peces pelágicos con un número reducido de anzuelos y medidas para cuidar el ecosistema. Según Unda, resoluciones del Consejo de Gobierno que ordenan esa investigación no se han cumplido.

También planteó que la reforma reconozca la pesca artesanal comercial, la acuicultura insular y la gobernanza especial de las islas. Como ejemplo de acuicultura posible, citó el cultivo de pepino de mar y de langosta.

Trazabilidad y flota en retroceso

Unda indicó que Galápagos exporta productos como atún aleta amarilla, pez espada, langosta roja y pepino de mar, pero que la trazabilidad no funciona. Explicó que desde 2018 las embarcaciones de las islas no pueden registrarse en el sistema integrado de acuicultura y pesca, porque el registro pesquero del parque no es compatible con ese sistema.

Aseguró además que desde la vigencia de la ley de Galápagos han desaparecido más de 100 embarcaciones, mientras el número de pescadores se mantiene. Atribuyó a la falta de seguridad jurídica y de incentivos que algunas personas migren a otras actividades.

El precio del combustible

La directora afirmó que los pescadores de las islas pagan 4,80 dólares por la gasolina extra y 4,35 por el diésel pesquero, muy por encima de lo que paga un pescador artesanal en el continente. Según su estimación, entre 60 y 70 % de los costos operativos se va en combustible, y una salida sin captura significa pérdida.

Reconoció que fijar el precio compete al Ejecutivo, pero consideró que la Asamblea puede dictar políticas que sugieran un precio diferenciado. Relató que en abril se reunió con el ministro de Acuicultura y Pesca, quien habló de un subsidio a largo plazo, y que la carta enviada después no ha tenido respuesta. Pide equidad territorial, no igualdad.

Morán opinó que el combustible exige una política específica con un precio competitivo para el sector pesquero nacional. Señaló que el barril de petróleo bajó de más de 110 dólares a unos 75 o 76, sin que el precio local reflejara esa baja.

Competencias y trabajo con la Asamblea

Unda explicó que en Galápagos intervienen el Parque Nacional Galápagos, ente rector de la pesca en las islas, el Consejo de Gobierno, el IPIAP y la dirección provincial del Ministerio de Acuicultura y Pesca. Esta última, dijo, tiene funciones que el parque no cubre, como calificar centros de acopio y embarcaciones y verificar su inocuidad.

Contó que dos días antes se reunieron con un asesor de la comisión legislativa y que preparan una propuesta de articulado para las primeras semanas de agosto. Pidió a los cuatro asambleístas de Galápagos, dos nacionales y dos provinciales, que trabajen unidos. Según indicó, dos de ellos ya intervinieron en el pleno en defensa del sector.

La directora subrayó que no piden un privilegio, sino compensar las desventajas de vivir en islas, con una canasta básica más cara y la dependencia del continente para servicios como la salud. Describió a los pescadores como pequeñas unidades productivas familiares, que a su juicio el Estado debe atender según la Constitución.

Competitividad y financiamiento

Morán comentó noticias de la semana: la necesidad de financiamiento para la pesca artesanal y la estrategia de Estados Unidos para fortalecer su industria pesquera. Opinó que los gobiernos deben mirar al sector artesanal como una actividad productiva y competitiva, con acceso a crédito y condiciones adecuadas.

Anunció que el próximo sábado el programa seguirá con las reformas a la ley de pesca, con las inquietudes de los sectores artesanal e industrial.

Puede ver la entrevista completa con Grace Unda en la emisión de Azul Sostenible: https://www.youtube.com/watch?v=4ahLh_Ams2Y